Llega un mensaje de WhatsApp donde dicen que se viralizó en la fuerza un video íntimo de un policía. Al rato aparece el video con el típico reenviado muchas veces: tres segundos en los que se filma un celular que reproduce el primer plano de uno de los policías más importantes de Rosario.
— Ay, lo habrán visto todos ya. Ese video anda por todos lados. Dice una mujer, también policía, mientras filma la pantalla que reproduce el video desde un grupo de WhatsApp de la propia división en la que trabaja el comisario supervisor viral.
A esos mensajes le siguen otros, también reenviados tantas veces: “Ultra real”, dice el primero al que lo acompaña una foto del hombre en cuestión con su uniforme, seguido de su nombre completo, su cargo y su apodo de guerra. “Jefes eran los de antes”, dice el último texto rubricado con cuatro emojis que ríen.
Tiene toda la pinta de una jugada sucia en un ambiente violento con propios y ajenos. Un ambiente que también se codea con otros, por lo cual el contenido viral se expande por fuera de la fuerza y habilita una principal hipótesis: es otra maniobra a descifrar de la policía santafesina.
Los días pasan y continúa viralizándose contenido cargado de humillación, no en lo que se circunscribe a la intimidad de una persona sino en el sentido burlón que le imprimen los policías que hacen correr más imágenes y memes. A alguno se le ocurre que es una idea grandiosa mandar un mensaje a una de las radios más escuchadas en la fuerza.
— ¿Quieren un mensaje en clave? “M. soy tu escorpión, desbloqueame por favor, que el video no nos condena”.
— Epa ¿de qué estamos hablando?
La locutora lo lee y en el diálogo con sus compañeros demuestran no saber ni de dónde viene ese mensaje ni hacia dónde va. Ni se imaginan que se trata de un policía, ni que se cuenta que fue por una bronca con sus colegas por un tema del narco. El contenido genera un recorte de audio de 30 segundos que vuelve a viralizarse. Reenviado muchas veces.
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La historia transcurre en una ciudad inentendible y tal vez también inexplicable. Injusta para al menos un ser querido de cada una de las 258 personas asesinadas durante 2023. Paradigma de la política de seguridad pública para quienes aseguran que lograron disminuir un 50 por ciento la cantidad de homicidios en la primera mitad de 2024. Terrorífica hasta la parálisis comunitaria, como ocurrió en marzo con el asesinato de cuatro hombres en sus puestos de trabajo. La misma de siempre para aquel que,a pesar de todo, tendrá un día de mañana muy parecido al de ayer.
Rosario es bellísima. Los días claros transcurren en su mayoría con el sol puesto por encima de las islas. Un horizonte amplio y luminoso que, siempre que no arda el humedal, ayuda a encontrar oxígeno. Es linda en otros rincones y sentidos, hay para cada gusto y forma de vida. Pero también es oscura. En Rosario mataron a un músico que salía de ensayar y fue secuestrado al voleo para dejar junto a su cadáver una nota a gente que no tenía nada que ver con él. Han muerto pibitos sin escuela acribillados por ser soldaditos, o alumnos de jardín de infantes que quedaron en medio de balaceras. Existió un dizque empresario que abrió un Esperanto al que cuando trascendió que era narco se lo cerraron y después lo mataron en un homicidio todavía impune. La Justicia le ha ofrecido seguridad a testigos protegidos que cantaron hasta el arroz con leche y terminaron muertos. La policía fue a buscar a uno de los narcos más conocidos a su casa, y al entrar halló un centenar de cajas de alimentos para comedores comunitarios con el sello de un área municipal cuya oficina se incendió un día después.
Y lo oscuro puede ser inabarcable. Rosario parece serlo. Hay quienes se cansaron de tratar de explicarla en universidades, congresos y entrevistas. Con diagnósticos que quedaron anticuados ante un fenómeno que cambió mucho en muy poco tiempo y largó tantos tentáculos. Hace diez años, incluso cuando empezaba a implosionar cierto esquema de gestión del crimen por un par de asesinatos muy precisos e impunes, las broncas entre transeros dejaban menos muertos que los conflictos interpersonales: cualquiera que tenía un fierro solucionaba su bronca matando al que tal vez era el único otro interesado. Con el paso de los años aquel estallido expandió su efecto sobre un mercado desregulado y atomizado, los homicidios con trasfondo narco crecieron al punto de que el relato oficial los empezó a definir como en contexto de economía ilegal u organización criminal y en el último registro anual implican un 46 % del total.
En lo oscuro brillan cuentos como La observación de los pájaros. El Negro Fontanarrosa se mete en los pasos de un canaya que cree que su corazón no va a aguantar otro clásico contra los leprosos y prefiere no verlo ni escucharlo. Camina por una ciudad vacía y pendiente, buscando sin querer señales del partido en cada movimiento -cree ver algo en la interpretación del vuelo de los pájaros- para terminar enamorado de la vida, aunque envejecido, por un empate sobre la hora que le canta un conocido en la calle. Otra Rosario, que no imaginaba al jefe de la barra de uno de los equipos como un empresario repleto de recaudaciones ilegales, ni al capo de la barra del otro asesinado a tiros al igual que varios de sus sucesores. Todos como parte de alguno de los engranajes que mueve a pibitos no por colores sino por pertenecer a algún grupito de choque con alcance en otros líos callejeros.
La luz, incluso cuando busca abrirse lugar por la fuerza, encuentra límites tan sombríos que la apagan. El consenso social, tal vez el político también al menos desde el discurso, en varias ocasiones apuntó al caiga quien caiga. Un ejemplo: la investigación sobre una red extorsiva del juego clandestino que para la violencia usaba la misma mano de obra que el narcotráfico; se llevó puesto a un empresario, a un ex comisario, a un fiscal local y a un fiscal regional. Pero se topó con un límite cuando, ante la pretensión de ir por un senador provincial, ahí la Legislatura lució sus fueros.
El 4 de mayo de 2023, bien temprano, aparecieron dos cadáveres totalmente acribillados en un camino rural de Villa Gobernador Gálvez. Para entonces habían sido asesinadas 110 personas en lo que iba del año, que terminó con 258 homicidios en el departamento Rosario y superando toda cifra de períodos anteriores. Esa misma mañana habían baleado una casa de la zona sur, donde los tiratiros dejaron un cartel: le avisaban al entonces gobernador que un funcionario penitenciario había hecho “explotar Rosario” para favorecer al candidato de la oposición.
En Rosario aplica muy bien aquello de no aclarar porque oscurece. Desde hace al menos siete años aparecen mensajes escritos en papeles junto a cadáveres o en lugares baleados. Los que se ocupan de seguir esas pistas más de una vez advirtieron que en algunas ocasiones son tan directos y literales que estremecen. Otras, mucho más amañadas, buscan desviar investigaciones, incriminar rivales o decir algo entrelíneas solo para entendidos.
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El 10 de diciembre pasado el actual gobernador asumió su cargo después de hacer una campaña atravesada por el tema seguridad: diagnósticos, compromisos y rémoras de su gestión como ministro de esa área en el período 2015-2019. Dos días después el gobierno anunció requisas en la cárcel de Piñero, sobre todo en los pabellones de los presos vinculados al crimen organizado. La movida se difundió en cuentas oficiales de redes sociales: un video musicalizado con heavy metal que parece un tráiler de policías en acción.
Horas más tarde balearon un banco de la zona sur y un hospital. En los dos lugares aparecieron notas con mensajes dirigidos al gobernador. “No te metas con el pabellón 9 de Piñero. Así como matamos un policía te vamos a matar tu familia”. “Hacé caso. El Ministerio no va a proteger a tu familia. La vamos a encontrar. Atte: La banda 9 Pinolandia ATR”.
El revuelo que se generó fue lógico, acorde a la gravedad que suponía un atentado con amenazas al gobernador. La respuesta también fue congruente: el gobernador se reunió con la Ministra de Seguridad nacional y anunciaron un operativo conjunto; más tarde hicieron 47 allanamientos en domicilios vinculados a los presos de los pabellones que habían sido requisados en Piñero. Los días siguientes se repitieron ataques similares, también con interpretaciones oficiales a la altura de las circunstancias. Dijeron que fueron represalias por las restricciones a los presos.
Sin demasiadas novedades sobre estos casos, el 31 de enero dos policías del Comando Radioeléctrico informaron la detención de un tipo al que, aseguraban, le habían encontrado un bolso con tres pistolas y un cartón con un mensaje amenazante a la Tropa de Operaciones Especiales. Los peritajes sobre esas armas arrojaron un resultado alarmante: coincidían con las usadas en al menos seis atentados con mención al gobernador y otros funcionarios.
El fiscal a cargo de investigar se aprontó para dejarlo preso e imputarle portación ilegítima e intimidación pública, pero el tipo se puso duro con su explicación de que le habían plantado las armas. Respondió a todas las preguntas y logró apuntar las sospechas contra los policías: una semana después el asunto se dio vuelta y tres agentes quedaron presos. Los dos del Comando que habían plantado las armas y uno que trabajaba en la Oficina de Gestión Judicial, que fue el que las consiguió y se las dio a los otros dos junto con el cartel con una amenaza escrita. No se las intentaron encajar a cualquier tipo sino a un miembro de un grupo narco barrial.
La hipótesis del fiscal es que hicieron ese trabajo bajo el acuerdo de recibir cinco millones de pesos. Que las armas habían sido plantadas para incriminarle los atentados a aquel grupo y favorecer a uno rival que había perdido unos 200 kilos de marihuana y el territorio de un búnker derribado por la nueva ley de microtráfico. El operativo de ese secuestro, según la versión oficial, surgió de una denuncia por un robo: cuando la policía fue al lugar alcanzó a uno que salió corriendo y se metió en el búnker. Un clásico blanqueador de procedimientos policiales. En aquella oportunidad a cargo de un policía al que tiempo después le jugaron sucio.
Los agentes que plantaron las armas quedaron presos y fueron imputados. Horas antes ocurrió algo clave: el jefe de la banda a la que buscaban incriminar fue asesinado a tiros. De entonces para acá la causa quedó ahí y ese letargo permitió interrogantes: ¿desde cuándo esas armas estuvieron en manos de policías?, ¿tuvieron ellos alguna participación en los atentados con mención al gobernador que después buscaron incriminar a una banda narco?, ¿cuál fue el verdadero objetivo de esos ataques?, ¿por qué no se repitieron una vez que cayeron?, ¿hasta dónde llega la corrupción policial en esta ciudad narrada con más preguntas que certezas?, ¿cuánta es la oscuridad si nadie responde?
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Sobre el autor
Martín Stoianovich nació en 1990 en San Nicolás de los Arroyos, y desde 2008 vive en Rosario. Es Licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Rosario. Fue colaborador del diario Rosario 12, edición local de Página 12, desde hace varios años es redactor en el diario La Capital. Publicó junto a la Editorial UNR el libro ¿Quién cavó estas tumbas?
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